La inteligencia artificial se desata sin frenos mientras la sociedad se rezaga
La Tecnología avanza a un ritmo vertiginoso mientras la sociedad intenta seguir el paso.
El desafío de gobernar la inteligencia artificial
En muchos colegios e institutos, aún no existe un protocolo claro sobre cómo actuar cuando un alumno entrega un trabajo hecho con inteligencia artificial. Mientras tanto, empresas de todos los sectores desplegan agentes autónomos sin que sus equipos hayan recibido formación sobre su funcionamiento o los riesgos que implican.
Según Isaac Asimov, la ciencia progresee más rápido que la sabiduría de la sociedad. Cuarenta años después, esa frase describe perfectamente el momento que vive la IA.
Los modelos de lenguaje de última generación ya no son solo herramientas de texto. Ahora razonan, generan código, analizan documentos y toman decisiones con mínima supervisión humana.
Detrás de todo eso hay una infraestructura física gigantesca, con centros de datos que consumen cantidades de energía que han empezado a aparecer en los debates de política energética europeos.
Las grandes tecnológicas tienen compromisos de sostenibilidad, pero siguen abriendo instalaciones en territorios donde la electricidad es barata y no siempre renovable.
Europa es la única región con una ley integral para la IA, el AI Act, que clasifica los sistemas según su nivel de riesgo y obliga a los desarrolladores a documentar y auditar sus modelos.
Pero fuera de Europa no hay nada similar. En Estados Unidos, la regulación funciona por sectores, con normas para sanidad, finanzas y defensa, pero sin una ley común que las verifique. En muchos otros países, el marco se reduce a guías de buenas prácticas sin carácter vinculante.
El resultado es que un mismo sistema de IA puede operar sin restricciones en un mercado y ser considerado de alto riesgo en el vecino.
Gobernar la IA no es lo mismo que frenarla. La discusión real es cómo construir, a la misma velocidad que se desarrolla la Tecnología, los mecanismos para gestionarla.
Eso pasa por incorporar a los órganos de decisión perfiles que van más allá del ámbito técnico: juristas, especialistas en ética y representantes de la sociedad civil.
Y por convertir las auditorías independientes en un requisito de acceso al mercado, no en una recomendación opcional.