Colegio madrileño, multado por abusar de google en clase

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una sanción de 12.000 euros al Holy Mary Catholic School de Madrid por un uso inadecuado de Google Workspace for Education. La institución, en lugar de potenciar el aprendizaje, puso en riesgo la privacidad de sus alumnos.

El colegio permitió acceso ilimitado a internet a los alumnos de primaria

El colegio permitió acceso ilimitado a internet a los alumnos de primaria

Una madre denunció al centro en 2024, alertando sobre el acceso sin restricciones a plataformas como YouTube y videojuegos a través de Google Workspace for Education. Los estudiantes, según la denuncia, podían crear cuentas de Gmail personal sin la autorización de sus familias. La AEPD confirmó que el colegio vulneró el Reglamento General de Protección de Datos al registrar las actividades diarias de los alumnos y darles acceso total a internet.

La denuncia, presentada por una madre de dos estudiantes de primaria, desveló una práctica habitual, aunque en este caso, particularmente negligente. El colegio, según la AEPD, no consultó a las familias sobre la creación de cuentas de Gmail y permitió el acceso a contenidos ajenos al currículo escolar.

El uso de Google Workspace for Education, una herramienta pensada para facilitar el aprendizaje, se desvió hacia fines que trascienden la educación. Los expertos en seguridad advierten que se manejó información personal de los menores con finalidades que no estaban justificadas. La AEPD dictaminó que el colegio infringió el Reglamento General de Protección de Datos al no informar adecuadamente a las familias sobre el uso de la plataforma ni evaluar los riesgos asociados.

La sentencia de la AEPD no deja margen de duda: el Holy Mary Catholic School cruzó la línea. La multa de 12.000 euros es una advertencia a otras instituciones educativas que utilizan herramientas tecnológicas en el aula. Y una llamada de atención a la necesidad de equilibrar la innovación pedagógica con la protección de los derechos fundamentales de los menores.

La cifra habla por sí sola: 12.000 euros. Una inversión que, en lugar de mejorar la calidad de la enseñanza, representa una negligencia grave que pone en peligro la privacidad de los más jóvenes. La decisión de la AEPD confirma que la Tecnología, sin la debida regulación y supervisión, puede convertirse en un riesgo para la infancia.