Mutualistas: hacienda aún debe miles de euros a jubilados
Casi un millón de jubilados españoles, que cotizaron de más a mutualidades laborales antes de 1979, siguen esperando la devolución de dinero que Hacienda les debe. La promesa de pago único, realizada en 2025, se ha convertido en una prolongada agonía burocrática que ha generado frustración y desconfianza entre los afectados.
Un laberinto administrativo tras el fallo del supremo
La raíz del problema se remonta a una sentencia del Tribunal Supremo de 2023, que reconoció el derecho de los mutualistas a recuperar el IRPF pagado de más debido a una doble tributación. Muchos trabajadores, antes de la generalización del sistema público de Seguridad Social, cotizaban a mutualidades que cubrían contingencias como la jubilación o la incapacidad. Cuando estas entidades se integraron en el sistema público, las aportaciones no recibieron el tratamiento fiscal adecuado, generando una situación de injusticia.
Según datos de la Agencia Tributaria, se han tramitado alrededor de 2.288.524 solicitudes, pero solo 1.502.455 han recibido algún pago. Esto deja a 786.069 expedientes en espera, con una compensación potencial de hasta 4.000 euros por jubilado. La cifra habla por sí sola: 6.000 millones de euros en total, un desembolso considerable que el Ministerio de Hacienda se ha visto incapaz de gestionar con la agilidad necesaria.
Pero no es solo la cantidad lo que complica la situación. El procedimiento administrativo ha sido un auténtico torbellino. En 2025, Hacienda introdujo modificaciones legales y nuevos formularios, obligando a muchos contribuyentes a presentar sus solicitudes de nuevo. Un proceso que, lejos de agilizarse, se ha vuelto más intrincado y frustrante.
Aunque los pagos comenzaron en agosto, la complejidad del proceso ha llevado a que muchos afectados reciban el ingreso de forma fraccionada, prolongando la espera y generando incertidumbre. Los ejercicios fiscales de 2019, 2020, 2021 y 2022 son los que están en juego, aunque el plazo de reclamación depende de cada caso y del tiempo de prescripción. El caso de 2019, ya prescrito, solo beneficia a aquellos que reclamaron a tiempo.
Lo que nadie cuenta es que, a pesar de que el plazo para la devolución finalizó el 31 de diciembre, los afectados que aún no han recibido su dinero comenzarán a recibir intereses de demora, calculados al 4,0625% anual. La web de la Agencia Tributaria es el único canal para revisar el estado de la solicitud, pero navegar por ella requiere paciencia y atención al detalle.
Organizaciones sindicales y asociaciones de afectados alertan de que podría haber un número importante de personas, incluyendo herederos, que desconocen su derecho a la devolución. La burocracia y la falta de información siguen siendo un obstáculo para muchos.
En definitiva, la gestión de estas devoluciones se ha convertido en un ejemplo de cómo la buena voluntad política puede verse socavada por la ineficiencia administrativa. Y mientras tanto, miles de jubilados siguen a la espera de lo que legítimamente les corresponde.