Jubilación parcial: el gobierno desbloquea una opción para miles de funcionarios
El Ejecutivo español prepara una nueva medida para aliviar la situación de más de 1.000 funcionarios que aspiran a la jubilación parcial. La clave: una reforma que busca superar los obstáculos puestos por la ley de 2025 y permitir la reducción de jornada sin perder salario ni pensión.
El contrato de relevo, ahora temporal y a tiempo completo
La reforma de abril de 2025 limitó las jubilaciones parciales anticipadas, exigiendo contratos de relevo indefinidos a tiempo completo, una condición difícil de cumplir en el sector público por las oposiciones y los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Esto dejó a muchos funcionarios en una situación de incertidumbre.
La solución, que se materializará a través de un Real Decreto-Ley, permitirá que el contrato de relevo sea temporal, pero a tiempo completo. Esta adaptación, según fuentes del Ministerio de Hacienda, busca facilitar la planificación de recursos humanos en las Administraciones Públicas.
Pero hay un detalle: si no se logra encontrar un relevista indefinido a tiempo completo, se permitirá la contratación temporal de personal laboral para cubrir el periodo de transición. Una medida que, aunque provisional, abre una vía para que los funcionarios puedan acceder a la jubilación parcial.
La medida no está exenta de complejidades. El contrato de relevo temporal finalizará una vez que se incorpore al trabajador fijo vinculado a la jubilación parcial. Asimismo, se contempla la posibilidad de recurrir a un trabajador interino si el contrato del relevista indefinido finaliza antes de dos años desde que el jubilado parcial haya iniciado su retiro. La ley establece que las Administraciones Públicas deberán incluir en sus planes de recursos humanos la cobertura de estas jubilaciones parciales, vinculándolas a un contrato de relevo fijo a tiempo completo.
Esta movida del Gobierno responde a una demanda persistente del colectivo, que se mantiene a la espera de una respuesta definitiva. La aprobación del Real Decreto-Ley requerirá la validación del Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días.
Más allá de la jubilación parcial, el Gobierno también está trabajando en un cambio normativo para reconocer a los militares como colectivo de riesgo, una medida que podría tener implicaciones importantes para su futuro laboral. La cifra habla por sí sola: el número de funcionarios afectados por la reforma de 2025 es alarmante.
El desbloqueo de la jubilación parcial no es solo una cuestión de justicia social para los funcionarios, sino también una necesidad para gestionar la edad media de la plantilla pública y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. La solución llega, pero la incertidumbre persiste.