Jornada de 35 horas: ¿un respiro o un nuevo quebranto para la administración?
La reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, largamente esperada por los empleados públicos, se avecina con un matiz inquietante: podría exacerbar las tensiones en una Administración General del Estado (AGE) ya exhausta. Mientras el Gobierno y los sindicatos ultiman el acuerdo tras Semana Santa, surgen dudas sobre si esta medida se traducirá en una mejora real en la calidad del servicio o en un nuevo problema para los ciudadanos.
Un envejecimiento demográfico que presiona
La realidad es que la AGE arrastra un problema estructural de envejecimiento. Un informe de Función Pública revela que, en 2020, más del 66% de los empleados públicos superaban los 50 años, con una edad media de 51 años. En el personal laboral fijo, la media se disparaba a los 54,1 años. Desde 2014, se han perdido más de 45.000 efectivos, frente a unas 17.784 incorporaciones, lo que agrava la situación y dificulta la renovación generacional.
La pérdida de personal no solo se refleja en las edades, sino también en la capacidad de respuesta. Las áreas más tensionadas, como el SEPE, la Seguridad Social y las oficinas de Extranjería, se enfrentan a retos inminentes, como la regularización de miles de personas, sin el personal necesario para afrontarlos. Los sindicatos han sido tajantes: no aceptarán que trabajar menos implique un deterioro en la atención al ciudadano. La clave está en reforzar las plantillas, una demanda recurrente que aún no ha encontrado respuesta.
La oferta de empleo público: ¿solución o parche?
En este contexto, la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 se presenta como una pieza fundamental, pero también como un desafío. Aunque la previsión inicial apunta a una oferta similar a la de 2025 (cerca de 27.000 plazas), las organizaciones sindicales temen que esta cifra sea insuficiente para cubrir las necesidades reales. Además, existen más de 5.700 puestos de nuevo ingreso y más de 3.200 de promoción interna sin activar, lo que evidencia la lentitud de los procesos selectivos y diluye el impacto de las ofertas.
La principal preocupación radica en si la nueva oferta servirá para generar empleo real o simplemente para reemplazar a los jubilados. La OEP de 2025 no logró este objetivo, lo que llevó a los sindicatos a no respaldarla. Ahora, exigen cambios estructurales, como la eliminación de la tasa de reposición, que limita la capacidad de las administraciones para contratar en función de sus necesidades.
Más allá del tiempo: una reestructuración necesaria
La implantación de las 35 horas no es solo una cuestión de tiempo de trabajo, sino una oportunidad para modernizar la Administración y mejorar la conciliación. Sin embargo, para que esta modernización sea efectiva, es imprescindible una revisión profunda de la planificación de recursos humanos, los turnos y la organización interna. Los servicios con atención al público o funcionamiento continuo deberán ajustar sus horarios, y cada organismo deberá adaptar su calendario laboral. Ya se ha anunciado que los funcionarios tendrán un día más de asuntos propios en 2026, una consecuencia directa de esta reducción de jornada.
La reducción de jornada, sin un aumento significativo de las plantillas, podría convertirse en un arma de doble filo, aumentando la presión sobre los servicios públicos y dificultando la gestión.