Funcionarios alivio: 35 horas y jubilación parcial, ¿cuándo?
El 24 de marzo podría ser el día que los empleados de la administración central española esperaban. Después de meses de negociación tensa, los sindicatos y el gobierno parecen estar a punto de desbloquear la reducción de la jornada laboral a 35 horas y la jubilación parcial, derechos largamente reclamados. La inminencia del acuerdo, si se concreta, se materializará en un Real Decreto Ley que entraría en vigor el viernes 26 de marzo.
El punto muerto de los excluidos: ¿se logra el consenso?
El camino no ha sido fácil. La principal piedra en el zapato ha sido la exclusión inicial de colectivos clave como funcionarios de prisiones, docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla. La persistencia de los sindicatos, especialmente UGT y CSIF, en incluir a estos grupos ha sido fundamental para llegar a este punto. El acuerdo de 2022, firmado con CCOO y UGT, quedó pendiente de ejecución debido a este escollo, y la desconfianza de Comisiones Obreras ha añadido presión a las negociaciones.
Pero hay un detalle que complica aún más el panorama: la reciente reforma de la jubilación de abril de 2025, que eliminó el derecho a la jubilación parcial para muchostrabajadores. Esto ha generado un efecto dominó, bloqueando un aluvión de solicitudes pendientes y creando una necesidad urgente de encontrar una solución, como la contratación de personal de relevo.
Flexibilidad en la jornada parcial: ¿una victoria para los sindicatos?
La propuesta que se espera que Función Pública firme incorpora demandas cruciales de CSIF en relación con la jornada parcial. Se eliminarían los periodos de carencia, se permitiría la acumulación de la reducción en un solo tramo, e incluso se incrementaría el recorte de jornada hasta un 75%, con la posibilidad de aplicarla hasta tres años antes de la edad de jubilación ordinaria. Una propuesta que, según CSIF, ya fue trasladada al ministro de Función Pública en diciembre de 2025.
El Gobierno, por su parte, había planteado inicialmente excluir a ciertos grupos, como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los trabajadores de instituciones penitenciarias, así como profesionales sanitarios y educativos. Esta postura ha sido recibida con firme oposición por los sindicatos, quienes han insistido en la necesidad de una aplicación generalizada de las medidas.
La cifra habla por sí sola: se espera que este acuerdo afecte a miles de funcionarios, brindándoles una mayor flexibilidad laboral y la posibilidad de planificar su jubilación de forma más efectiva. La aprobación de este Real Decreto Ley podría significar un cambio significativo en las condiciones laborales de la administración pública española.