Administración pública: ¿desbloqueo definitivo de la jornada de 35 horas?
El 24 de marzo podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Estado y sus empleados. Tras meses de estancamiento, la negociación del IV Convenio Único de la Administración General del Estado parece encaminarse hacia una resolución que, de concretarse, implicaría la reducción de la jornada laboral a 35 horas y la reanudación de las jubilaciones parciales, derechos largamente reclamados por los funcionarios.
Un acuerdo en la cuerda floja
UGT y CSIF, principales sindicatos representados, mantienen la esperanza de que la nueva normativa abarque a los funcionarios de prisiones, docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla, grupos que han permanecido excluidos hasta ahora. Este es, quizás, el eslabón más débil de un acuerdo que ya se fraguó en 2022, pero que se ha visto frenado por la reticencia de Comisiones Obreras, quienes han mostrado escepticismo sobre la viabilidad de su implementación.
El fantasma de la reforma de la jubilación de 2025, que eliminó la posibilidad de jubilaciones parciales para la mayoría de los trabajadores, ha mantenido bloqueado un aluvión de solicitudes. La solución pasa, inevitablemente, por la contratación de relevistas, pero la burocracia administrativa ha complicado el proceso. El Tribunal Supremo, de hecho, ha dado la razón a los funcionarios, reconociendo que la realización de funciones superiores en el trabajo consolida la carrera profesional y el nivel.
Novedades en la negociación de la jornada parcial
Se espera que el viernes 26, de concretarse el acuerdo, entre en vigor un Real Decreto Ley que formalice las medidas. Pero la cosa no acaba ahí. CSIF ha insistido en la eliminación de los periodos de carencia, la posibilidad de acumular las reducciones en un solo tramo y un incremento del recorte de jornada hasta el 75%, permitiendo incluso su aplicación hasta tres años antes de la edad de jubilación ordinaria. Una propuesta que, según el sindicato, ya fue trasladada al Ministro de Función Pública el pasado 11 de diciembre.
La Administración, por su parte, ha intentado establecer excepciones, excluyendo inicialmente a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, trabajadores penitenciarios, profesionales sanitarios y educativos, así como aquellos que prestan servicios de apoyo a la docencia. Un punto de fricción que ha generado tensiones con los sindicatos, quienes defienden la aplicación generalizada de la medida.
La cifra habla por sí sola: miles de funcionarios a la espera de una respuesta. La resolución de esta negociación no solo afectará a sus condiciones laborales, sino que también tendrá un impacto significativo en la eficiencia y la moral de la Administración Pública, un organismo que, a menudo, se ve lastrado por la burocracia y la falta de recursos. El tiempo dirá si este 24 de marzo es, de verdad, el día que marca el inicio de una nueva era para los funcionarios españoles.