35 Horas en la administración: un acuerdo con costas y llaves
La jornada laboral de los funcionarios públicos se reduce a 35 horas semanales a partir de abril. Un cambio que, lejos de ser una mera formalidad, podría desencadenar una nueva demanda de plazas en el sector público.
La csif presiona por una aplicación generalizada
Tras años de negociación, el Gobierno ha sellado un acuerdo con los sindicatos para implantar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado. Un avance que, sin embargo, no se aplicará de forma automática. La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) exige a los ayuntamientos que aún no han adoptado la medida que abran negociaciones para extenderla a sus plantillas, basándose en el artículo 94 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
El sindicato argumenta que la jornada de la administración central debe ser, en cómputo anual, equivalente a la de la Administración Civil del Estado, lo que implica una presión considerable sobre las arcas municipales.
Pero no todo
son rosas. La reducción de jornada, que ya se aplica en gran parte de los funcionarios autonómicos y locales, genera inquietud entre algunos sectores. Fedeca, por ejemplo, advierte de la dificultad de mantener los mismos niveles de servicio con menos horas de trabajo.