35 Horas: el gobierno da luz verde (con asteriscos) a la jornada laboral
La Administración General del Estado (AGE) ha dado un paso crucial hacia la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, aunque el camino está lejos de ser completamente despejado. Después de largas negociaciones en la Mesa General de Negociación, se ha alcanzado un acuerdo de mínimos que, de confirmarse, podría materializarse a mediados de abril. Pero, ¿qué significa esto realmente para los funcionarios y qué colectivos se quedan fuera – al menos por ahora?
La promesa de abril: ¿realidad o espejismo?
Según fuentes sindicales, el Gobierno se ha comprometido a presentar un texto que, aunque aún en elaboración, no dejará a nadie fuera. La fecha tope para la implementación, si todo va según lo previsto, es alrededor del 15 de abril, unos días después de la publicación de la resolución definitiva. Pero la letra pequeña es considerable: mientras que el plan general se extiende a organismos públicos, agencias y entidades de derecho público, Instituciones Penitenciarias, el personal del Ingesa y el profesorado tendrán que negociar sus condiciones específicas en mesas propias. Un detalle no menor, considerando el peso de estos sectores dentro de la AGE.
El caso de las prisiones es especialmente delicado. Equilibrar la reducción de la jornada con las exigencias de seguridad y la necesidad de mantener guardias y turnos adecuados presenta un desafío considerable. La Administración, consciente de ello, se abre incluso a la contratación de interinos para facilitar la jubilación parcial de los funcionarios, una medida largamente demandada.
Más allá de la jornada ordinaria: regímenes especiales en la mira
La reforma no se limitará a la jornada ordinaria. Se contempla la adaptación de la reducción a regímenes especiales, como la jornada de verano o las jornadas de 40 horas actuales. Esto implica que el impacto de la medida podría extenderse a diferentes modelos organizativos dentro de la Administración, lo que, en principio, es una buena noticia. La cifra habla por sí sola: se estima que hay más de 1.000 solicitudes de jubilación parcial a la espera de aprobación, un número que el Gobierno intenta desbloquear a través de estas nuevas medidas.
Pero no todo son buenas noticias. La Oferta de Empleo Público 2026 se encuentra paralizada por el rechazo sindical a la propuesta actual, que promete empleo neto sin especificar cifras por departamentos. En paralelo, un Real Decreto para mejorar el acceso al empleo público de personas con discapacidad avanza, y se espera la aprobación de la jubilación parcial anticipada para el personal laboral en el Convenio Único de la AGE. La CSIF, por su parte, sigue insistiendo en la necesidad de extender este derecho también al personal funcionario y estatutario.
La implementación de la jornada de 35 horas es un paso adelante, pero la complejidad de la Administración General del Estado hace que la negociación sea un proceso intrincado y lleno de matices. La clave ahora estará en la capacidad de las partes para encontrar soluciones que equilibren las demandas de los trabajadores con las necesidades del servicio público. El tiempo dirá si la promesa de abril se cumple o si se trata de una mera ilusión.